Ortega y Gasset, conferencia en la ciudad de La Plata en 1939 Para animarnos a la recuperación de nuestros ideales, de nuestro carácter y de nuestro destino de grandeza: “¡Argentinos, a las cosas, a las cosas! Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen ustedes el brinco magnífico que daría este país el día que sus hombres se resuelvan de una vez, bravamente, a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva, de tener trabadas y paralizadas sus potencias espirituales, que son egregias, su curiosidad, su perspicacia, su claridad mental secuestradas por los complejos de lo personal”

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sábado, 7 de enero de 2012

El shock de Ramoncito


EL INTENDENTE DE CÓRDOBA APLICÓ UN DURO AJUSTE PORQUE LA COMUNA “ESTÁ EN QUIEBRA”



En estos 25 días de gestión logró sacar adelante una serie de ordenanzas y medidas tales como impuestazo, prórroga de contratos, expulsión de los manteros de la vía pública, autorización para privatizar y creAación de nuevos tributos.
En su libro “La Doctrina del Shock”, la investigadora canadiense Naomi Klein sostiene que muy a menudo, los estados y corporaciones echan mano a situación de fuerte convulsión social –generada o reales– para justificar e implementar políticas que de otra manera la gente no toleraría. Según Klein, esta doctrina del shock fue concebida a partir de las ideas del economista neoliberal Milton Friedman, de la escuela de Chicago, quien afirmaba: “Solamente una crisis –real o subjetivamente percibida– produce un cambio real. Y cuando se produce una crisis, las acciones que se toman dependen de las ideas que están en circulación”.

Difícil es saber si el intendente radical Ramón Mestre leyó u oyó hablar de “La Doctrina del Shock”. Lo cierto es que en estos 25 días de gestión, justificado en que el municipio “está en quiebra”, logró sacar adelante una serie de ordenanzas y medidas que hubiesen despertado el reconocimiento del mismísimo Milton Friedman. Impuestazo, prorroga de contratos, expulsión de los manteros de la vía pública, superpoderes, autorización para privatizar, creación de nuevos tributos, son algunas de las duras medidas que motorizó el intendente radical, con la única excusa de que las cuentas del Palacio 6 de julio están en rojo, algo que la oposición rechaza de plano.

“La municipalidad tiene una situación financiera complicada, pero es una situación transitoria. A partir de febrero se regulariza por los ingreso de los distintos vencimientos” explica ante Veintitrés el concejal y contador  Esteban Domina, del bloque Frente Cívico y Social. “Mestre está aprovechando esa situación transitoria que efectivamente es complicada, para presentarla en modo dramático y justificar el impuestazo, la delegación de facultades, la renegociaciones de contrato”, denuncia.

Una posición similar sostiene Miguel Siciliano, del bloque Eva Duarte. “Lo único que busca Mestre con esta sobreactuación es justificar la ordenanza de superpoderes, el aumento del impuesto inmobiliario, el aumento en la tarifa del agua, el aumento del boleto. Por eso magnifica la crisis que no es económica, sino de gestión.” Por su parte, el concejal Héctor Campana, ex vicegobernador de Córdoba y candidato a intendente, ante esta revista remarcó no entender cómo, si la gestión de Giacomino pudo manejar hasta último momento el municipio, por qué ahora estaba en quiebra.

¿Crisis o show? La doctrina del shock de Mestre, que no tiene nada de improvisación, comenzó el 12 de diciembre del 2011, el primer día hábil de su mandato. Ese día, a pocos minutos de asumir en su cargo, con la Policía, la Afip y los agentes de Migraciones, ordenó desalojar a los manteros del área peatonal. Pocas horas después, luego de trasladar el conflicto a la calle, y luego de revisar “once horas” “con los empleados y los bancos” las cuentas del municipio, llegó a la conclusión de que la comuna “estaba en quiebra”.

Para informarlo llamó a la prensa. Y con cara de consternado, luego de mostrar que por la crisis el edificio municipal no tenían teléfonos ni internet, informó que para revertirla, entre otras cosas, iba a mandar una “megaordenanza” al Concejo Deliberante de Córdoba para que se lo autorizara a renegociar contratos, racionalizar el gasto, vender bienes de la comuna, privatizar Tamse y Crece, aumentar impuestos y reformular el presupuesto.

Su doctrina del shock continuó al otro día, el martes 13, cuando el intendente se reunió con el gobernador Juan Manuel De la Sota para refinanciar una deuda de 58 millones de pesos que el municipio tenía con la provincia. A pesar de que la deuda no era muy significativa (el presupuesto anual del municipio es de uno 3.200 millones), el acuerdo, firmado con el gobernador ante decenas de periodistas y cámaras de TV, alimentó aún más la idea de que el municipio estaba en una severa crisis económica.

El raid de medidas de impacto continuó el miércoles 14 de diciembre. Ese día, el secretario de Transporte del municipio, el controvertible Juan Pablo Díaz Cardeilhac, le prorrogó a las empresas Coniferal y Ciudad de Córdoba, la concesión del servicio de transporte de pasajeros de Córdoba, en el cual las empresas explotan únicamente los corredores más rentables. Ese mismo día, además, Díaz Cardeilhac, ex hombre de negocios del intendente Rubén Martí, informó además que estaba por elevar al Concejo Deliberante el nuevo estudio de costos del boleto de Córdoba, con el cual, por estos días, las empresas prestatarias pretenden elevar el boleto de 2,50 a más de 3 pesos.

Tras cartón, el  viernes 16 de diciembre, de manera sorpresiva, sin decir “agua va”, en su primera sesión con lo nuevos integrantes, el Concejo, controlado por el radicalismo, aprobó la creación de un impuesto del 10% en la tarifa del agua, para “la financiación del desarrollo de la infraestructura sanitaria y cloacal”. ¿Su justificación?: “La profunda crisis financiera que atraviesa el municipio”. Además, en esa misma ordenanza, para posibilitar un aumento en el impuesto inmobiliario urbano, se autorizó al poder ejecutivo municipal a modificar la base imponible inmobiliaria, para que el valor de las viviendas sea idéntico al de mercado.

Sólo cuatro días después, el martes 20 de diciembre, contradiciendo la postura que el radicalismo tiene a nivel nacional respecto a la delegación de facultades, el Concejo Deliberante aprobó “la mega ordenanza” propuesta una semana antes por Mestre para revertir la supuesta crisis del municipio. En detalles, esta ordenanza, sindicada por los concejales opositores de anticonstitucional, entre otras cosas incluyó: otorgamiento de superpoderes a Mestre para renegociar contratos (léase privatizar Tamse y Crece); prórroga durante dos años de la emergencia económica decretada por el ex intendente Daniel Giacomino; la emisión de títulos de consolidación de deuda; la inembargabilidad de fondos municipales; la “racionalización” del personal y la venta de bienes.

Luego de su aprobación, el viernes 23 de diciembre, en vísperas de navidad, el Concejo, con los votos del radicalismo y el delasotismo  aprobó una modificación de la justicia de faltas, otorgándole al intendente facultades para constituirse en juez de faltas y designar jueces por decreto.

Para finalizar, una semana después, mientras todos los vecinos estaban pensando en el brindis de fin de año, el viernes 30 de diciembre, en una sesión extraordinaria, el concejo, sólo con los votos del bloque radical, aprobó un “impuestazo” de entre  50% y 100% del impuesto inmobiliario urbano. Gracias a él, según proyecciones, contemplando el impuesto al agua, la gestión de Mestre espera recaudar unos 230 millones de pesos extras a lo largo del 2010. Cifra que saldrá del estrujado bolsillo del contribuyente al que Ramoncito únicamente parece ver como fuente de recursos.

En esa misma sesión, se sancionó una modificación del presupuesto anual de gastos,  aprobado durante la gestión de Daniel Giacomino. Básicamente, como en las épocas de Ramón Mestre padre, se recortaron de diferentes áreas (principalmente Transporte y Tránsito, Desarrollo Urbano y Ambiente), unos 156 millones de pesos.

Lo destacable es que inmediatamente después de sancionadas estas dos ordenanzas, no abandonado jamás su libreto, desde el Palacio 6 de Julio, el intendente Mestre brindó un escueta conferencia de prensa para saludar a los cordobeses por el fin de año, y advertirles que no iba a poder pagar los salarios de los empleados municipales en tiempo y forma, porque de los 120 millones de pesos que necesita para pagar sueldos, sólo tenía 18 millones.

Sus advertencias, que curiosamente hasta el cierre de esta nota no provocaron ninguna reacción del gremio del Suoem, con quien según algunos Mestre tiene un acuerdo subrepticio, esta vez fueron refutadas por la concejal Olga Riutort, quien acusó a Ramoncito de no decir la verdad sobre la situación del municipio. Según la concejal, hasta el martes 27 de diciembre las cuentas del municipio arrojaban un saldo positivo de 105,8 millones de pesos.

“La realidad ha superado la ficción. El diagnóstico que teníamos del gobierno, antes de asumir, resultó muy distinto a cuando nos hicimos cargo. Esto nos lleva a tomar medidas que no son de las más populares pero tienen que ver con la intención de poner de pie al municipio” reconoció ante Veintitrés el concejal radical Lucas Cavallo, de estrecha llegada a Mestre. “Estas medidas se toman porque son necesarias, de lo contario créanme no se tomarían. Nadie va a sumir un gobierno y va a mentir diciendo que va a tomar medidas que perjudiquen a la gente (sic). Acá lo único que se intenta es sacar adelante la municipalidad. Son 12 años de acumular desgobiernos. Esto se recuperan tomando medidas concretas, poniendo orden, empezando a controlar y gobernar” agregó el edil radical, avalando la política del shock de Ramoncito.

ADN. En el genoma del intendente Mestre habita un ADN propenso a las políticas duras. Su padre, el ex gobernador de Córdoba Ramón “chancho” Mestre, durante el menemismo cobró notoriedad pública por aplicar medidas antipopulares en base a la  doctrina del shock. Debutó en Córdoba, en 1994, luego de la agónica caída del gobierno de Eduardo Angeloz que le permitieron a Mestre, que poco antes había triunfado en las elecciones para gobernador, desembarcar de manera anticipada al ejecutivo provincial. Tras ello, justificado en la grave crisis económica heredada de Angeloz, Mestre padre privatizó el agua potable y los peajes; rebajó los salarios a los empleados públicos; cerró escuelas y hospitales; le quitó el 82% móvil, liquidó el Banco Social de Córdoba fundido por Angeloz. También emitió bonos llamados “Cecor”, que circularon junto con el dólar y el peso, y que fueron reciclados a través de la cadena de supermercados Libertad, propiedad en ese entones del histriónico empresario oficialista Euclides Bugliotti, “íntimo amigo” de Mestre. 

Su postrimería en la Docta devino en 1997, cuando comenzaron los vecinos  de la ciudad de Cruz del Eje, otrora un pueblo ferroviario, a realizar piquetes y cortes de rutas, reclamando pan y trabajo. En esa oportunidad se conoció que Mestre y su ministro de Asuntos Institucionales Oscar Aguad, actual diputado nacional, no sólo habían mandado a al represor Carlos Yanicelli a desactivar los conflictos y efectuar tareas de espionaje en Cruz del Eje, sino que le habían otorgado un alto cargo dentro de la policía provincial como “jefe de Inteligencia Criminal”.

Su doctrina de ajuste y represión fue tan implacable que en 1998 Mestre perdió las elecciones frente a un tibio De la Sota, dejando al radicalismo, luego de una hegemonía de 15 años, fuera del poder. Su derrota no acusó impacto, sino que por el contrario llevaron a Mestre padre a profundizar la doctrina del shock. Por esa razón, en diciembre del 1999 fue designado por el ex presidente Fernando De la Rúa como interventor de Corrientes, una provincia que por ese entonces atravesaba una dura crisis económica. Tras su arribo, sus políticas fueron obviamente las mismas a las aplicadas en Córdoba: suba de impuestos, recorte de salarios y jubilaciones, privatizaciones y emisión de bonos (Cecacor) etc.

Nuevamente, como los manuales de Friedman aconsejan, fue gracias al shock la manera en que Mestre padre impuso su ley en Corrientes. Éste aconteció el 17 de diciembre, el mismo día en que él, junto con Aguad y otros cordobeses desembarcaron en la provincia. Ese mismo día, por pedido de Mestre, De la Rúa mandó a la Gendarmería Nacional a reprimir a empleados estatales y docentes que hacía semanas tenían cortado el puente General Belgrano que conectaba las ciudades de Resistencia (Chaco) y Corrientes porque hacía 5 meses que no cobraban. Su pedido acabó con dos muertos y cuarenta heridos, pero el despeje del puente era vital para sus políticas del shock dado que del lado de Resistencia, provincia de Chaco, el empresario Bugliotti tenía una sucursal de su cadena de supermercado Libertad que nuevamente habría sido utilizada para reciclar los bonos “Cecacor” de Corrientes impresos por Mestre. Por esta razón necesitaba de manera imperiosa el liberación total del puente. 

Cierto que no hay pruebas concretas de esta denuncia, pero cierto es también que a comienzos del 2003, Mestre, junto con Aguad, fueron investigados por la justicia Federal por una presunta administración fraudulenta de 60 millones de dólares, que la Nación le había otorgado a Mestre cuando apenas asumió en el cargo, para que pagara lo sueldos de los empleados estatales. Según consta en las fojas del expediente, esos 60 millones de dólares, primero fueron canjeados por los bonos “Cecacor” impresos por Mestre y luego desaparecieron de la faz de la tierra. Por esta causa, Aguad aún está imputado por la Justica. Por su parte, Mestre zafó, no por su inocencia sino porque el 6 de marzo del 2003, 20 días antes de que tuviera que ir a declarar a la Justicia, falleció de una fulminante hepatitis.

Previo a ello, en el 2001, mientras era interventor en Corrientes, Mestre padre, ya consagrado como estadista de mano dura, fue designado ministro del interior de la Alianza. Fue justamente desde ese cargo donde realizó su última y más trágica faena dentro de las políticas de shock. Ésta fue la revuelta popular del 19 y 20 de diciembre del 2001, hechos en los cuales, desde su cargo como ministro del Interior, Mestre estuvo a su cargo la represión de los manifestantes de Plaza de Mayo. Represión que acabó con una treintena de muertos y centenares de heridos. La misma estaba destinada a sostener el corralito y las medias financieras implementadas por el ministro Domingo Cavallo, que le habían permitido a los bancos fugar 26 millones de dólares de reservas del Banco Central. Por estos hechos, el “chancho” Mestre también fue llamado a declarar por la Justicia, pero de ella también se escabulló tras su súbita muerte. 






































































































































































































































Fuente: http://veintitres.infonews.com/nota-3983-politica-el-shock-de-ramoncito.html

COMENTARIO: Fuentes muy allegadas al flamante Intendente expresaban que debajo de la manga Ramón Mestre Jn traía la idea de implementar "BONOS" para el pago de sueldos y proveedores. Esta idea jamas fue expresada mientras estaba en campaña. 
El Sr Intendente Ramón Mestre Jn no debe olvidar que la Casa Radical fue incendiada por las medidas implementados por otro gobierno radical (del innombrable Eduardo Cesar Angeloz), ya que está haciendo impuestazos, privatizaciones y nuevos tributos para gobernar para los ricos (la primera obra anunciada va a ser terminar la costanera norte) tenga bien en cuenta ir recargando los matafuegos de dicha casa. 

Dejo mi saludo ritual como un apretón de manos o un "Ave María Purísima", Firme y Digno, Bocha... el sociólogo.

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