FRACASÓ EN DIPUTADOS EL ÚLTIMO INTENTO DE TRATAR LA LEY DE TIERRAS
No hubo quorum en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. El Kirchnerismo estuvo ausente. Hay más de 10 proyectos en espera. Doble discurso oficial y una promesa de Cristina Fernández en la inauguración del año legislativo, que no fue cumplida.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Juan Casañas (UCR-Tucumán), no pudo realizar este jueves 17/11, la última reunión del período ordinario de sesiones en la que tenía previsto tratar los proyectos para limitar la propiedad extranjera de tierra. Hubo falta de quórum debido a la ausencia de representantes del kirchnerismo
Los escasos diputados presentes en la reunión aprovecharon la oportunidad para “despedirse” del período ordinario parlamentario y, en algún caso, como el de Susana García (CC), de su mandato, que concluye en diciembre.
Eduardo Kenny (UCR), otro de los que dejan su banca, confió sentirse “realmente insatisfecho” por concluir su mandato sin que se haya legislado sobre retenciones a productos del agro y la reforma de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).
Casañas junto Graciela Camaño (peronista no K), presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, frustraron en los últimos meses varias reuniones conjuntas para tratar el “tema tierras” convocadas por la comisión de Legislación General, que preside la aliada al kirchnerista Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro- Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Debido a esa situación, que desde la oposición se justificó con argumentos variados, el oficialismo no pudo sacar dictamen a favor del asunto –que reclamó varias veces la presidenta Cristina Fernández- para aprobarlo en el recinto antes que el 30 de noviembre finalice el período ordinario de sesiones.
En la última reunión con posibilidad de sacar dictamen, Casañas puso como primer tema en el orden del día los proyectos presentados por diputados y el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo para limitar la propiedad extranjera de la tierra, pero el oficialismo no asistió a la espera de que cambie el panorama con la inminente renovación de la Cámara.
El proyecto denominado Ley de Tierras fue presentado por el Poder Ejecutivo el 27 de abril pasado, luego de que la presidenta pidiera su tratamiento en su discurso ante la Asamblea Legislativa en la inauguración del período de sesiones ordinarias.
La norma limita esas transacciones poniéndole un límite de mil hectáreas para un mismo titular. Asimismo, para el caso de sociedades, pone topes máximos para la participación extranjera.
El proyecto lleva el nombre de "Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión, o tenencia de tierras rurales", y en su artículo 9 establece un tope de hasta 1000 hectáreas, en la tenencia de tierras rurales por parte de un mismo titular extranjero.
¿Cómo se calculan esas mil hectáreas? Considerando "parámetros complementarios" tales como la localización de las tierras rurales, la capacidad y calidad de las tierras para su uso y explotación, la situación de otras tenencias de tierras rurales del adquiriente.
En su artículo 7°, se limita en un 20 % toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional" respecto de las personas y empresas.
En el caso de las personas o empresas extranjeras de una misma nacionalidad "no podrán superar el límite de 30% del porcentual asignado en el articulo 7". Esto es, 30% de un 20%.
El proyecto destaca que el espíritu y la letra de la iniciativa "no sólo apunta a regular un previsible incremento de la propiedad extranjera, sino a la necesidad de limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros que, de profundizarse, comprometen objetivos estratégicos, vinculados al desarrollo nacional y a la calidad de vida de los habitantes del país".
Tal cual se encargó de remarcar la Presidenta cada vez que desde marzo habló sobre esta norma, el proyecto aclara que "en ningún modo resulta un legislación xenófoba prohibitiva, o refractaria a las inversiones extranjeras responsables, siendo un modelo utilizado por numerosas legislaciones en el derecho comparado".
El proyecto considera titulares extranjeros a aquellas personas de nacionalidad extranjera, tengan o no domicilio en la Argentina, y a empresas cuyo capital social sea mayor al 51%.
Aquellos propietarios extranjeros de las tierras rurales, deberán dentro del plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la ley proceder a la denunciar las mismas ante la Autoridad de aplicación de dicha titularidad.
Asimismo se crea el registro Nacional de Tierras Rurales, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como también el Consejo Interimnisterial de Tierras Rurales, que será la Autoridad de Aplicación de la ley, el cual estará presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y conformado por el Ministerio Agricultura, Defensa, Interior, y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Se prevé la realización de un relevamiento catastral para determinar la propiedad de las tierras rurales existentes, dentro de los 180 días de la entrada en vigencia de la ley y tomando como fecha de configuración del relevamiento, la situación existente al 1 de enero de 2010.
También hay una decena de proyectos legislativos que duermen la siesta en las Comisiones de Agricultura y Ganadería, Legislación General y Asuntos constitucionales de la Camara de Diputados.
En el año 2002 la Federación Agraria Argentina (FAA) le entregó a Elisa Carrió un borrador de un proyecto de Ley que apuntaba a poner límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, en momentos en que el país soportaba una de sus crisis más profundas y una gran iliquidez en materia económica, con valores inmobiliarios realmente devastados.
A partir de allí, la diputada Susana García (Coalición Cívica-Santa Fe), metódicamente fue presentando la iniciativa cada dos años, sin lograr el apoyo necesario.
En el 2010 y con los federados Ulises Forte (UCR-La Pampa) y Pablo Orsolini (UCR-Chaco) como diputados, la FAA hizo su propia presentación (muy similar a aquella que le llevaron a la Coalicion Cívica), para revivir nuevamente el tema.
El 4/8 de 2010, un proyecto de Elisa Carrió (CC) y otro de Pablo Orsolini (UCR) tuvieron moción de preferencia para ser tratados en el recinto con o sin dictamen de comisión, lo que generó polémica y nunca se trató en el recinto.
En aquella oportunidad, el debate se produjo entre el oficialismo y la oposición porque Carrió había propuesto que se trate en el recinto con o sin dictamen de comisión.
Ante este pedido, el diputado oficialista Carlos Kunkel sostuvo que "seguramente la bancada oficialista iba a estar de acuerdo en muchos puntos" pero este tema complejo debía ser tratado en las comisiones respectivas. El propio Carlos Kunkel le solicitó a la presidenta de la comisión de Legislación General, Vilma Ibarra, que le diera prioridad a este proyecto
En ese momento, desde su banca, el diputado oficialista José María Díaz Bancalari también elogió la iniciativa de Carrió pero recordó que en otros períodos legislativos, cuando se avanzaba en este tema, "todos aquellos que nos apoyaban nos dejaron solos. Espero que no se vuelva a repetir".
Luego de esa discusión, la Cámara de Diputados votó un pedido de preferencia para tratar la iniciativa que pone límites a la venta de tierras, pero el tema nunca llegó al recinto.
Más allá de las propuestas de los legisladores, en 2006 los obispos de la Pastoral Social se expresaron respecto a la situación.
Encabezados por monseñor Jorge Casaretto, presentaron en el episcopado el libro “”Una Tierra para todos”, resultado de dos años de estudios sobre la problemática de la tierra y el hábitat, que consideraron “acuciante”.
Los obispos afirmaban que "se evidencia actualmente una elevada concentración de las tierras productivas" y citaban que, según el último Censo Nacional Agropecuario de 2002, el 10% de las explotaciones agropecuarias más grandes del país concentraba en ese año el 78% del total de las hectáreas registradas, en tanto que el 60% de las explotaciones más pequeñas no llegaba a reunir un 5% de aquéllas.
Señalaban que la extranjerización "no es una novedad en el país ni en América latina", y que se trata de un proceso de "pérdida de soberanía y de recursos naturales" originado en el "endeudamiento de los pequeños y medianos productores con el extranjero favorecido por la falta de ordenamiento legal por parte de la Nación y las provincias en lo referente a la legislación sobre tierras".
Asimismo, ya denunciaban que “los proyectos de ley dirigidos a restringir la adquisición de tierras por parte de extranjeros no fueron tratados oportunamente y perdieron estado legislativo”.
Afirmaban además que “a fin de conservar el potencial productivo del suelo y evitar su degradación es necesario atender a la crisis del recurso del agua, la deforestación y expansión de la frontera agrícola y la explotación minera y sus efectos sobre el medio ambiente”.
Finalmente, instaban al Estado a ejecutar una política de largo alcance que contemple la situación de la tierra, políticas fiscales que favorezcan su uso racional y eficiente, garantizar el acceso y la seguridad jurídica de la tenencia, facilitar el traspaso de tierras a minifundistas y a la población carenciada que las ocupa, fomentando al mismo tiempo políticas y estrategias participativas que permitan planificar el recurso del agua y el cuidado del medio ambiente, apoyado también en procesos educativos.
Pero el documento de los obispos no hizo mella, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el legislativo.
En la actualidad, según la Federación Agraria Argentina, el 7% de las tierras son propiedad de personas extranjeras.
Mirar al Brasil
En Agosto de 2010, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva reguló la compra de tierras para extranjeros, limitando a máximos de entre 250 y 5000 hectáreas -dependiendo de la zona del país- la cantidad de tierras rurales que pueda adquirir una empresa extranjera o brasileña pero controlada por capitales foráneos.
La reglamentación establece también que la suma de las áreas adquiridas por las compañías bajo control extranjero no podrán superar el 25% del tamaño de cada municipio.
El gobierno de Lula buscó así poner fin a un resquicio legal en la ley de 1971 -durante la dictadura- que, de acuerdo con una interpretación aprobada en 1998, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, permitía a extranjeros soslayar las restricciones establecidas mediante la creación de una empresa con sede en Brasil.
En la Argentina
La venta de tierras a extranjeros no está regulada en el país, pero en el Congreso se presentaron mas de una decena de proyectos y algunos de ellos son:
> Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales. Elisa Carrió (CC-Capital Federal).
> Restricciones y limites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales por parte de personas físicas y/ o jurídicas extranjeras; creación del registro nacional de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales de extranjeros y nativos. Rodolfo Fernández (UCR- Corrientes).
> Límites al acto de compra de tierras por parte de personas extranjeras. Régimen. Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro).
> Restricciones a la adquisición de derechos reales por extranjeros. Modificación del decreto Ley 15385/44 modificado por Ley 23554 (zonas de seguridad). Verónica Benas (Proyecto Sur-Santa Fe), Nélida Belous (ARI-Tierra del Fuego) y Monica Fein (PS-Santa Fe).
> Régimen de restricciones a la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros. Ricardo Cucovillo (PS-Buenos Aires).
> Derechos reales sobre tierras rurales; régimen de restricciones y limitaciones cuando se constituyan o transmitan a favor de personas extranjeras no residentes. Diana Conti (FpV-Buenos Aires).
> Régimen de prohibición y/o limitación a la cesión, transferencia y/o adquisición de inmuebles rurales con el objeto de frenar el "fenómeno de extranjerización de las tierras" y asegurar la justicia social, la equidad en la distribución de la riqueza y los beneficios de la libertad. Rosa Chiquichano (FpV-Chubut).
> Régimen de derecho de preferencia de los Estados provinciales y el Estado nacional en las transferencias de tierras a extranjeros. Creación del registro de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales. Mario Merlo (Peronismo Federal-San Luis).
> Régimen de Restricciones y Limitaciones a los Derechos Reales, u otras Formas Jurídicas similares sobre tierras rurales, que se constituyan o transmitan a favor de personas extranjeras no residentes de la diputada Diana Conti ( FpV-Buenos Aires).
> Restricciones y Límites a la Adquisición del dominio de inmuebles rurales de los diputados de la UCR, Pablo Orsolini (Chaco), Ulises Forte (La Pampa), Carlos Ulrich (Chaco), Miguel Angel Giubergia (Jujuy).
Fuente: http://www.urgente24.com/noticias/val/17321/ficha.html
Dejo mi saludo ritual como un apretón de manos o un "Ave María Purísima", Firme y Digno, Bocha... el sociólogo.
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