Un nutrido grupo de organizaciones sociales, liderada por la
Asociación Americana de Juristas, interpondrá, en los próximos días,
una querella para suspender “cautelarmente por la vía penal” la reforma
legislativa que permitiría al Gobierno argentino formalizar el
acuerdo recientemente suscrito con los fondos buitres que litigan contra
el país por el impago de deuda soberana. Los querellantes consideran
que la reforma de las leyes cerrojo y de Pago Soberano, que impiden
la rúbrica del acuerdo con los holdouts, no sólo supone sentar un
peligroso precedente que “abre las puertas al endeudamiento masivo del
país” sino que implica una vulneración del Código Penal que aconseja
la reacción inmediata de las autoridades judiciales.
Asociación Americana de Juristas, interpondrá, en los próximos días,
una querella para suspender “cautelarmente por la vía penal” la reforma
legislativa que permitiría al Gobierno argentino formalizar el
acuerdo recientemente suscrito con los fondos buitres que litigan contra
el país por el impago de deuda soberana. Los querellantes consideran
que la reforma de las leyes cerrojo y de Pago Soberano, que impiden
la rúbrica del acuerdo con los holdouts, no sólo supone sentar un
peligroso precedente que “abre las puertas al endeudamiento masivo del
país” sino que implica una vulneración del Código Penal que aconseja
la reacción inmediata de las autoridades judiciales.
Según Eduardo Barcesat, miembro de la Asociación Americana de Juristas,
la reforma supondría los delitos de traición (205 inciso primero del
Código Penal), administración fraudulenta en perjuicio del Estado (173
inciso séptimo del Código Penal) y la violación de los deberes de
los funcionarios públicos (248 del Código Penal). Para el prestigioso
constitucionalista, en charla con CanariasAhora, la propuesta del Legislativo
“también vulnera aspectos constitucionales como el principio de igualdad
ante la ley, el orden público constitucional, la competencia del Poder
Judicial de la nación Argentina y varias leyes sobre reestructuración de
la deuda” así como “una cláusula de la Ley sobre la Emergencia del
Estado Nacional que impide a los funcionarios negociar si no es mediante
condena judicial basada en autoridad de cosa juzgada”.
la reforma supondría los delitos de traición (205 inciso primero del
Código Penal), administración fraudulenta en perjuicio del Estado (173
inciso séptimo del Código Penal) y la violación de los deberes de
los funcionarios públicos (248 del Código Penal). Para el prestigioso
constitucionalista, en charla con CanariasAhora, la propuesta del Legislativo
“también vulnera aspectos constitucionales como el principio de igualdad
ante la ley, el orden público constitucional, la competencia del Poder
Judicial de la nación Argentina y varias leyes sobre reestructuración de
la deuda” así como “una cláusula de la Ley sobre la Emergencia del
Estado Nacional que impide a los funcionarios negociar si no es mediante
condena judicial basada en autoridad de cosa juzgada”.
El objetivo de esta demanda, que será presentada en los próximos días, es
frenar en los tribunales la aprobación, en el Congreso y en el Senado de la
Nación, de un nuevo marco legislativo que permitiría, como primer paso para
solucionar el conflicto con los holdouts, el pago de 4.653 millones de
dólares al fondo NML de Paul Singer. En la actualidad, la llamada Ley
Cerrojo impide, junto a otro paquete de leyes y decretos entre la que se
encuentra la Ley de Pago Soberano reabrir las negociaciones de
reestructuración de deuda tras los acuerdos que, en 2005 y 2010, supusieron
el inicio de una exitosa campaña de desendeudamiento reconocida
internacionalmente. Para el Gobierno liderado por el conservador Mauricio
Macri, este cambio en las reglas del juego es una condición necesaria para
reintegrar al país a los mercados financieros y, a su juicio, volver a acceder
al crédito internacional a tasas de interés bajo. En opinión de los querellantes
supone, además de una vulneración flagrante de la ley, volver a poner a la
Argentina a los pies de los caballos. “Estamos ante un caso de
administración fraudulenta que pone en peligro la integridad de la nación,
un extremo que justifica que hablemos de un caso de traición a la patria; no
a través de un acto armado, sino a través de un acto de naturaleza económica”,
defiende Barcesat.
frenar en los tribunales la aprobación, en el Congreso y en el Senado de la
Nación, de un nuevo marco legislativo que permitiría, como primer paso para
solucionar el conflicto con los holdouts, el pago de 4.653 millones de
dólares al fondo NML de Paul Singer. En la actualidad, la llamada Ley
Cerrojo impide, junto a otro paquete de leyes y decretos entre la que se
encuentra la Ley de Pago Soberano reabrir las negociaciones de
reestructuración de deuda tras los acuerdos que, en 2005 y 2010, supusieron
el inicio de una exitosa campaña de desendeudamiento reconocida
internacionalmente. Para el Gobierno liderado por el conservador Mauricio
Macri, este cambio en las reglas del juego es una condición necesaria para
reintegrar al país a los mercados financieros y, a su juicio, volver a acceder
al crédito internacional a tasas de interés bajo. En opinión de los querellantes
supone, además de una vulneración flagrante de la ley, volver a poner a la
Argentina a los pies de los caballos. “Estamos ante un caso de
administración fraudulenta que pone en peligro la integridad de la nación,
un extremo que justifica que hablemos de un caso de traición a la patria; no
a través de un acto armado, sino a través de un acto de naturaleza económica”,
defiende Barcesat.
“Cuando un delito se está cometiendo, el deber primero del juez es que
cese la comisión de este delito o que éste no se consume; es una especie
de medida cautelar por la vía penal”. En este sentido, el objetivo
prioritario de la demanda es “paralizar la reforma para que siga el status
quo vigente hasta ahora y que no se vean afectados los derechos
adquiridos de la Argentina fundamentalmente con el resto de
la deuda ya reestructurada”, resalta Barcesat.
cese la comisión de este delito o que éste no se consume; es una especie
de medida cautelar por la vía penal”. En este sentido, el objetivo
prioritario de la demanda es “paralizar la reforma para que siga el status
quo vigente hasta ahora y que no se vean afectados los derechos
adquiridos de la Argentina fundamentalmente con el resto de
la deuda ya reestructurada”, resalta Barcesat.
De menor a mayor
Esta iniciativa parte de la preocupación de colectivos sociales y
organizaciones económicas y empresariales simpatizantes del Gobierno
kirchnerista. Entidades como el Centro de Investigación y Gestión de
la Economía Solidaria (CIGES) que en boca de su coordinadora general,
Felisa Miceli, estima que más allá de lo que supondrá para las
cuentas públicas argentinas, el acuerdo con los fondos buitre “ coloca en
una situación de extrema debilidad a otros países asediados por la deuda
como Grecia, Portugal, Italia o España”. En el caso argentino, explica a
esta redacción Miceli, el pago de esos iniciales 4.563 millones de dólares
pueden abrir una verdadera "caja de Pandora".
organizaciones económicas y empresariales simpatizantes del Gobierno
kirchnerista. Entidades como el Centro de Investigación y Gestión de
la Economía Solidaria (CIGES) que en boca de su coordinadora general,
Felisa Miceli, estima que más allá de lo que supondrá para las
cuentas públicas argentinas, el acuerdo con los fondos buitre “ coloca en
una situación de extrema debilidad a otros países asediados por la deuda
como Grecia, Portugal, Italia o España”. En el caso argentino, explica a
esta redacción Miceli, el pago de esos iniciales 4.563 millones de dólares
pueden abrir una verdadera "caja de Pandora".
“Lo primero a tener en cuenta”, declara a CanariasAhora la economista,
“es que deja muy debilitada a la Argentina ante la posibilidad de que otros
holdouts que no están dentro de los juicios aprobados por el juez Griesa
pasen a pedir el mismo tipo de pago que se le va a abonar a estos buitres.
Estamos ante un porcentaje que ronda el 3% de los bonistas, pero el
impacto será de cientos de millones de dólares. Son varios fondos
que aún no accedieron a la Justicia y son un riesgo más que probable a
corto plazo”, declara.
“es que deja muy debilitada a la Argentina ante la posibilidad de que otros
holdouts que no están dentro de los juicios aprobados por el juez Griesa
pasen a pedir el mismo tipo de pago que se le va a abonar a estos buitres.
Estamos ante un porcentaje que ronda el 3% de los bonistas, pero el
impacto será de cientos de millones de dólares. Son varios fondos
que aún no accedieron a la Justicia y son un riesgo más que probable a
corto plazo”, declara.
El segundo punto a tener en cuenta tiene que ver con la “magnitud” del
acuerdo. “En el año 2005 para canjear 100.000 millones de dólares
de deuda se ofrecieron bonos a largo plazo por 35.000 millones de dólares.
Ahora, para pagar sólo el 7% de la deuda se abre la posibilidad de que
la Argentina deba endeudarse por unos 15.000 millones de dólares”. Otro
punto oscuro del acuerdo, añade, es que “será el país el que abone unos
200 millones de dólares en concepto de honorarios para los abogados de
los buitres”.
acuerdo. “En el año 2005 para canjear 100.000 millones de dólares
de deuda se ofrecieron bonos a largo plazo por 35.000 millones de dólares.
Ahora, para pagar sólo el 7% de la deuda se abre la posibilidad de que
la Argentina deba endeudarse por unos 15.000 millones de dólares”. Otro
punto oscuro del acuerdo, añade, es que “será el país el que abone unos
200 millones de dólares en concepto de honorarios para los abogados de
los buitres”.
Y el tercer punto es que “nadie puede afirmar fehacientemente y de manera
rotunda que parte o la totalidad de ese 93% de los deudores que entraron
en los canjes, no vuelvan a reabrir alguna querella contra la Argentina
para recibir el mismo trato”. Según indica Miceli, hay que tener en cuenta
que a los canjes de 2005 y 2010 entraron multitud de bonos bajo diferentes
legislaciones como Estados Unidos, Alemania, Italia o Japón entre otros.
“Algún magistrado de uno de estos países podría tomar el ejemplo del
juez Thomas Griesa y ante esa circunstancia Argentina quedaría totalmente
indefensa y a merced de una cascada de demandas judiciales”, pronostica.
rotunda que parte o la totalidad de ese 93% de los deudores que entraron
en los canjes, no vuelvan a reabrir alguna querella contra la Argentina
para recibir el mismo trato”. Según indica Miceli, hay que tener en cuenta
que a los canjes de 2005 y 2010 entraron multitud de bonos bajo diferentes
legislaciones como Estados Unidos, Alemania, Italia o Japón entre otros.
“Algún magistrado de uno de estos países podría tomar el ejemplo del
juez Thomas Griesa y ante esa circunstancia Argentina quedaría totalmente
indefensa y a merced de una cascada de demandas judiciales”, pronostica.
En esta situación hipotética, las consecuencias, denuncian, podrían
ser nefastas: “Hemos calculado que el costo para el país podría estar
entre 430.000 y 520.000 millones de dólares dependiendo de los plazos y de
las tasas de interés que puedan calcularse para cada caso en concreto”,
lamenta Miceli. Hay que recordar quesegún las fuentes del Banco Mundial,
el PIB de Argentina ascendió a 540.000 millones de dólares en 2015.
ser nefastas: “Hemos calculado que el costo para el país podría estar
entre 430.000 y 520.000 millones de dólares dependiendo de los plazos y de
las tasas de interés que puedan calcularse para cada caso en concreto”,
lamenta Miceli. Hay que recordar quesegún las fuentes del Banco Mundial,
el PIB de Argentina ascendió a 540.000 millones de dólares en 2015.
El riesgo del ‘Pari Passu’
Es el llamado principio de pari passu que implica, según la propia
definición jurídica del término la obligatoriedad de dar ‘un trato igualitario
para aquellos bonistas de un país que entren o no entren a un canje de
deuda pública’. Es una de las razones fundamentales de la demanda.
“Las condiciones de pago acordadas suponen mejores condiciones
de pago para los holdouts en relación a los que accedieron a los canjes,
un extremo que podría desencadenar una reacción muy perjudicial para
los intereses del país”, advierte Juan Ángel Cioli, directivo de la Central
de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN). “Entendemos que
los diputados y senadores no deberían votar a favor de la derogación de la
Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano ya que esto supondrá volver a
abrir la puerta al endeudamiento”.
definición jurídica del término la obligatoriedad de dar ‘un trato igualitario
para aquellos bonistas de un país que entren o no entren a un canje de
deuda pública’. Es una de las razones fundamentales de la demanda.
“Las condiciones de pago acordadas suponen mejores condiciones
de pago para los holdouts en relación a los que accedieron a los canjes,
un extremo que podría desencadenar una reacción muy perjudicial para
los intereses del país”, advierte Juan Ángel Cioli, directivo de la Central
de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN). “Entendemos que
los diputados y senadores no deberían votar a favor de la derogación de la
Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano ya que esto supondrá volver a
abrir la puerta al endeudamiento”.
“Esto ya lo hemos vivido en épocas anteriores”, recuerda el dirigente de
la CEEN. “La deuda generó un lastre que le dejamos a nuestros hijos y nietos;
y hay que evitar que vuelva a pasar porque a día de hoy, Argentina tiene
un nivel de endeudamiento soportable y razonable que le permite generar
deuda para proyectos productivos o construir infraestructuras. Pero parece
que vamos a volver a los tiempos en los que tomábamos deuda para pagar
deuda y para hacer frente a los gastos corrientes. Creemos que esto supone
una clara malversación de fondos públicos”, sentencia tajante Cioli.
la CEEN. “La deuda generó un lastre que le dejamos a nuestros hijos y nietos;
y hay que evitar que vuelva a pasar porque a día de hoy, Argentina tiene
un nivel de endeudamiento soportable y razonable que le permite generar
deuda para proyectos productivos o construir infraestructuras. Pero parece
que vamos a volver a los tiempos en los que tomábamos deuda para pagar
deuda y para hacer frente a los gastos corrientes. Creemos que esto supone
una clara malversación de fondos públicos”, sentencia tajante Cioli.
Sobre la utilidad de la medida, Eduardo Barcesat es claro y pone sobre
la mesa el debate sobre la independencia del sistema judicial argentino:
“Todo depende de quién nos toque. Esto, lamentablemente es un sorteo
informático lo que hace difícil por no decir imposible predecir qué actitud va
a tener el que quede como encargado de la instrucción. Si hay un juez
como (Daniel) Rafecas o (Sergio) Torres, el asunto se va a tomar con seriedad,
pero es indudable que hay otros jueces que actúan como empleados del
Gobierno”. En todo caso, y más allá de la efectividad jurídica de la demanda,
uno de los objetivos fundamentales de esta iniciativa es “poner sobre la
mesa el problema y crear una conciencia ciudadana sobre las consecuencias
que puede traer volver a la senda del endeudamiento exterior”, resalta Juan
Ángel Cioli. En este sentido, el directivo de la CEEN espera que, “una vez
la demanda esté presentada y vaya adquiriendo fuerza”, sean
“muchas las organizaciones sociales que se adhieran a la propuesta”.
la mesa el debate sobre la independencia del sistema judicial argentino:
“Todo depende de quién nos toque. Esto, lamentablemente es un sorteo
informático lo que hace difícil por no decir imposible predecir qué actitud va
a tener el que quede como encargado de la instrucción. Si hay un juez
como (Daniel) Rafecas o (Sergio) Torres, el asunto se va a tomar con seriedad,
pero es indudable que hay otros jueces que actúan como empleados del
Gobierno”. En todo caso, y más allá de la efectividad jurídica de la demanda,
uno de los objetivos fundamentales de esta iniciativa es “poner sobre la
mesa el problema y crear una conciencia ciudadana sobre las consecuencias
que puede traer volver a la senda del endeudamiento exterior”, resalta Juan
Ángel Cioli. En este sentido, el directivo de la CEEN espera que, “una vez
la demanda esté presentada y vaya adquiriendo fuerza”, sean
“muchas las organizaciones sociales que se adhieran a la propuesta”.
Fuente: http://www.eldiario.es/canariasahora/internacional/Demanda-Penal-Fondos-Buitre-Argentina-deuda-soberana-Mauricio-Macri-endeudamiento-Asociacion-Americana-Juristas-ley-cerrojo-pago-soberana_0_492750753.html
Dejo mi saludo ritual como un apretón de manos o un "Ave María Purísima", Firme y Digno, Bocha... el sociólogo.
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