Por Tomás Lukin
La orientación y las normas básicas que definen los sistemas fiscales en cada país reflejan y armonizan los intereses de quienes detentan el poder económico. Argentina no es ninguna excepción. La resistencia violenta de las cámaras patronales agropecuarias bonaerenses a la actualización del valor fiscal de la tierra representa, desde la visión del prestigioso tributarista cordobés y miembro del Plan Fénix Salvador Treber, el último capítulo en la discusión sobre cómo lograr cobrarle impuestos al sector. En diálogo con Página/12, el ex director del Banco Central durante los primeros años del regreso a la democracia advierte que los dueños de la tierra poseen un diversificado arsenal de instrumentos de presión que le permiten distorsionar la estructura tributaria para su beneficio desde hace más de 70 años. “A fines de 1973, el flamante Impuesto a las Ganancias sustituyó como base imponible la ‘renta real de la tierra’ por la ‘renta normal potencial’. Para eso un equipo coordinado por dos ingenieros agrónomos del INTA comenzó a elaborar un nuevo catastro y, entre 1974-1975 avanzaron para las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. La tarea se vio interrumpida con el golpe de Estado. Una de las primeras medidas del ministro de Economía de facto, José Alfredo Martínez de Hoz fue incinerar todo ese trabajo, mientras que los especialistas figuran desde ese momento entre los de-saparecidos”, recordó Treber durante la entrevista con este diario.
“El escenario en que se desenvuelve la actividad económica de cualquier país es, en los hechos, una permanente puja de intereses contrapuestos. Los empresarios tratan de asegurar las condiciones para optimizar sus ganancias mientras el sector laboral reivindica su derecho a superiores remuneraciones. Los planteos muy pocas veces se hacen con el ánimo de perfeccionar el sistema, buscando coadyuvar a mejorar el esquema de equidad o distributivo, ya que, por lo general, sólo procuran privilegiar el tratamiento de su propia actividad o del grupo específico que integra la empresa”, escribió el contador en el diario cooperativo cordobés Comercio y Justicia en agosto del año pasado para referirse a la exacerbación de los reclamos tributarios del sector agropecuario durante el período preelectoral. Ese comportamiento se reiteró, con mayor violencia, en el reciente debate legislativo en la provincia de Buenos Aires para actualizar el congelado valor fiscal de los campos y modificar la estructura del Impuesto Inmobiliario Rural.
–¿Por qué es tan difícil cobrarle impuestos al sector agropecuario?
–Yo haría la pregunta inversa: ¿por qué no habría que cobrarle impuestos? ¿Por qué va a ser la excepción cuando es uno de los sectores más beneficiados dentro de la actividad económica nacional? El rechazo a pagar impuestos y la exacerbación del sector frente a los cambios son una tradición rural más. Los abusos y presiones del sector están presentes desde los albores de la Argentina. El poder de influencia que tiene el sector es muy fuerte. Cuando trabajé en el Banco Central pude observar en los hechos como maniobraban abusivamente en materia de crédito. Tienen agentes en toda la economía que movilizan fuerzas que a uno ni se le ocurre que pueden estar en combinación. Las transacciones del sector deberían hacerse por vía bancaria como sucede con todos los pagos superiores a 1000 pesos. Pero si se comparan los movimientos bancarios del sector con el valor del producto que generan, menos del 25 por ciento está bancarizado. Cuando se introdujo el cultivo de la soja en 1975, con apenas 750 mil toneladas cosechadas ese año, no se comercializó en blanco ni un grano.
–¿Por qué el Impuesto Inmobiliario Rural que aplican las provincias perdió relevancia en la recaudación de las distintas jurisdicciones?
–Eso sucede porque las valuaciones fiscales de la tierra que se utilizan para determinar cuánto se paga de impuestos se atrasaron. El Impuesto Inmobiliario depende del valor fiscal que se adjudica a las unidades que van a ser gravadas. Así, si hay un proceso inflacionario o hay una revalorización de los campos y no se actualizan los valores fiscales, el monto del impuesto que recaudan las provincias disminuye. En Córdoba, las valuaciones datan de 1993 y, por lo tanto, no incorporaron la reciente valorización en el precio de la tierra. En consecuencia, el Impuesto Inmobiliario Rural va perdiendo peso en la recaudación total. Hoy en Córdoba representa alrededor del 3,5 por ciento del total, algo muy parecido sucede en Santa Fe y Buenos Aires. El objetivo de los cambios que introdujo Scioli es actualizar el valor fiscal para que las valuaciones representen el 50 por ciento de su valor de mercado, no es el 100 por ciento. Además, para determinar el monto del impuesto se aplica un conjunto de “correctores” que reducen todavía más la base imponible. Pero, como están acostumbrados a no pagar impuestos, generan una repulsa total. Los aumentos que aplicará la provincia de Buenos Aires no ponen en riesgo sus niveles de rentabilidad. No les interesa si hay que financiar la educación, la salud y la seguridad. Promueven una estructura tributaria fuertemente regresiva. Incluso cuando aceptan pagar un poco más, como sucede en Córdoba donde el sector agropecuario hizo un convenio con el gobierno provincial para reconocer un plus de impuestos, condicionan que lo que se recauda se afecte exclusivamente a mejorar la infraestructura del transporte y comunicaciones del sector agropecuario.
–¿Qué alternativa existe para cobrar impuestos en una forma más eficiente y equitativa?
–Si se quiere cobrarle impuestos a través del Inmobiliario Rural es imprescindible mantener actualizados los valores fiscales de cada unidad de tierra y cercano a su valor de mercado para que no pierda vigencia. Además de las retenciones, cuyo rol central es diferenciar el tipo de cambio, le permiten al Estado disponer de una porción de la renta extraordinaria de la tierra y evitar que la variación en el precio de las commodities se traslade a la canasta de alimentos de las familias. Otra posibilidad para cobrarle impuestos al campo es a través del Impuesto a las Ganancias. Se puede, como propuso el profesor Dino Jarach en 1964. Eso no se debe hacer con la renta real de la tierra, sino con la renta normal potencial promedio. La renta real es la que se logra de acuerdo a lo que están produciendo, que lo decide el dueño o el arrendatario. Así, donde se cultiva trigo pero sería más productivo hacer cebada se calcula el valor del impuesto en función de la cebada. La otorga al estado capacidad para direccionar las producciones y que se explote más racionalmente.
–Esa iniciativa se intentó aplicar a mediados de los años ’70.
–A fines de 1973, el flamante Impuesto a las Ganancias sustituyó como base imponible la renta real de la tierra por la renta normal potencial. Para eso, un equipo coordinado por dos ingenieros agrónomos del INTA comenzó a elaborar un nuevo catastro y, entre 1974-1975 avanzaron para las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. La tarea se vio interrumpida con el golpe de Estado. Una de las primeras medidas del ministro de Economía de facto, José Alfredo Martínez de Hoz, fue incinerar todo ese trabajo, mientras que los especialistas figuran desde ese momento entre los desaparecidos.
COMENTARIO de Graciela Treber:
Qué tendrá el impuesto que los vuelve locos
La desorbitada reacción de las organizaciones rurales no parece compadecerse con el alcance del tributo, que baja o deja igual lo que pagará el 62 por ciento de las propiedades. A quién y cuánto afecta. Quiénes y por qué reaccionan.
Después de 57 años, la provincia logró ordenar la carga fiscal para no seguir beneficiando a propietarios de las zonas más ricas.
Por Raúl Dellatorre
El documento que emitió la Mesa Agropecuaria bonaerense declarando el lockout comercial por nueve días no dejó lugar a dudas: el eje de su rechazo a la reforma impositiva propuesta por el gobierno de Daniel Scioli es el revalúo fiscal. “Ante la afrenta a las instituciones que significó haber sacado por decreto el desmesurado aumento de las valuaciones fiscales...”, comienza el documento emitido el jueves por la tarde, minutos después de que se hiciera pública la firma del decreto y cuando aún la Cámara de Diputados no había tratado el proyecto reformulado, que más tarde volvería al Senado para convertirse en ley. El ruido que generó la protesta exacerbada de los ruralistas (“confiscatorio zarpazo fiscal”, calificaron las modificaciones en el Impuesto Inmobiliario Rural) logró tapar al oído de los pequeños productores las explicaciones oficiales sobre los alcances de los ajustes: un 62 por ciento de las partidas rurales no pagarán mayor impuesto anual tras el revalúo y los cambios de alícuotas. Incluso el 20 por ciento tributará menos. Sin embargo, se impuso el llamado al lockout y esta semana amenazan con convertirla en una protesta nacional. El porqué de una reforma que beneficia, aparentemente, a los pequeños productores termina arrastrando a todos en una medida de fuerza de rechazo, incluso con cacerolazos de acompañamiento en esquinas porteñas acomodadas, se explica por las características diferenciales, precisamente, de los cambios en el impuesto. Los terratenientes de la “zona núcleo”, la más enriquecida por el crecimiento del valor de las tierras en los últimos años, y los dueños de campos que explotan en alquiler, son los más perjudicados por la reforma. Son los menos, pero los que más se escuchan, por las bocinas y medios de comunicación que manejan.
Según se cita en varios de los documentos que los representantes del Ejecutivo provincial hicieron llegar a la Legislatura, “desde 1955 no se aplicaba un revalúo integral en el campo. Las tierras hoy tienen un valor fiscal que ronda entre el 10 y el 15 por ciento de su valor real”. El revalúo que se aplicó en 1998 sólo alcanzó a las partidas urbanas, que en 2003 se extendió a los inmuebles rurales pero en forma parcial, “negociada” con las entidades del sector. En 2007 se aplicó un nuevo ajuste en las valuaciones sólo a los inmuebles urbanos, y en los años siguientes hubo varios intentos de parte del gobierno de Scioli por impulsar su extensión a la zona rural, pero una y otra vez debió ceder ante la fuerte presión de los ruralistas.
El gobierno de Felipe Solá logró, a partir de 2004, “acordar” con los ruralistas un mecanismo de ajuste del Impuesto Inmobiliario Rural a través de un valor índice que, anualmente, ajustara el tributo que debía abonar cada partida. Así, si el valor índice arrancaba de un valor 100 para el año 2003, si al año siguiente el gobierno provincial fijaba un valor índice 108, significaba que el propietario rural pagaba 8 por ciento más de valor de impuesto. Pero el valor fiscal de su propiedad no se modificaba. Ese pasó a ser el eje del acuerdo. Acuerdo que, a ojos de los terratenientes, ahora “Scioli rompió”.
A través de este mecanismo, el inmobiliario rural fue manteniendo parte de su incidencia a través de una suerte de “suba implícita” de la alícuota (la tasa) del impuesto, pero perdía relevancia en la recaudación. Este impuesto que, tradicionalmente, representó la décima parte de los recursos provinciales pasó a ser apenas el 2 por ciento de la recaudación provincial, lo que equivale a una redistribución del ingreso a favor de los terratenientes. Desde los impuestos, se estaba aplicando una de las políticas más regresivas imaginable.
La reforma impositiva que llevó el gobierno bonaerense al Poder Legislativo intentó reordenar la carga, pero sin parches ni compensaciones que con el tiempo se convirtieran en una nueva distorsión. Para ello, aplicó un revalúo fiscal (finalmente salió por decreto), en base a un trabajo exhaustivo hecho por la Dirección de Catastro provincial para alcanzar una valuación de las tierras que se correspondiera, proporcionalmente (en ningún caso se llega al ciento por ciento del valor de mercado), con los diferenciales que existen entre regiones y distritos de la provincia. El segundo componente de la reforma es que se toma, a partir de un valor de la tierra que se considera un “óptimo” para cada región o distrito, una detracción o rebaja que se deduce de una declaración jurada que hace cada propietario. Por ejemplo, un terreno no es óptimo –para el criterio de valuación fiscal– si en su perímetro existe una laguna, porque le resta superficie sembrable. “En general, bajo ese criterio ninguna partida llega al 70 por ciento de la valuación óptima, es decir que todos los propietarios gozan como mínimo de una reducción del 30 por ciento del valor fiscal predeterminado”, señaló a este diario uno de los responsables de Catastro, el subdirector Hernán García Zúñiga.
El otro elemento clave es que la reforma aplica una diferenciación de alícuotas, que van del uno al cuatro por ciento, según la calidad de la tierra en cada zona. Una parcela en Pergamino ya no pagará lo mismo que otra en Patagones (bien al sur de la provincia). Como además se elimina el coeficiente de ajuste anual (creado por Felipe Solá), la alícuota explícita tanto como la implícita pasan a tener un componente de progresividad que no tenían.
En base a esta nueva estructura del impuesto, se estima que de los aproximadamente mil millones de pesos que se recaudan actualmente, pasaría a tributarse aproximadamente 400 millones más. La carga recae sobre el 38 por ciento de las partidas, sobre un total de aproximadamente 300 mil propiedades rurales que existen en la provincia. Ese 38 por ciento (unas 115 mil partidas) son las que aportarían no sólo los 400 millones adicionales, sino lo que dejan de pagar los más pequeños (el 20 por ciento), a los cuales por la reforma se les reduce el impuesto.
Ese 38 por ciento constituye el núcleo duro del poder rural y se encuentra concentrado fundamentalmente en los partidos del área sojera del centro y norte de la provincia, con tierras cuyo valor por hectárea supera los 15 mil dólares. Las autoridades bonaerenses estiman que ese 62 por ciento de propietarios que no pagará más impuesto está representado por aquellos que, en general, no alcanzan las 92 hectáreas. Aunque por zona, ese límite o umbral se modifica de acuerdo con las diferencias de valuación fiscal y alícuota del impuesto. Un mapa elaborado por la Dirección de Catastro y Recaudación de la Administración de Rentas de Buenos Aires (ARBA) determina:
- En Gonzales Chaves no registrarán subas de impuestos los campos de hasta 180 hectáreas;
- En Junín, la suba afecta a campos a partir de las 77 hectáreas.
- En el caso de Lincoln, las nuevas valuaciones implican que no registren ningún tipo de incremento las propiedades de menos de 134 hectáreas.
- Y en Pergamino, una de las zonas más fértiles de la provincia, los propietarios con campos de más de 32 hectáreas deberán pagar más impuesto inmobiliario.
A los propietarios de Pergamino, en particular, no les preocupará demasiado que aumente en un 50 por ciento o se duplique el Impuesto Inmobiliario Rural, por el que pagaban una cifra insignificante para su capacidad contributiva. En cambio, les inquieta más que la nueva valuación fiscal explicite el nivel de sus patrimonios, porque ello les subirá sensiblemente el monto imponible del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta que pagan los inmuebles rurales, explotados o no, con una tasa del uno por ciento. Muchos de los propietarios de esas tierras no “trabajan” en el campo, sino que lo alquilan y administran desde sus casas en barrios acomodados de esta Capital. No habrán estado ausentes en los cacerolazos promovidos en sus zonas de residencia. Hasta habrán mandado a sus empleadas a manifestarse contra el “zarpazo confiscatorio”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-195536-2012-06-03.html
COMENTARIO del Plumudo: Estos "BUENOS MUCHACHOS" eran de ir a golpear la puerta de los cuarteles cuando le querían sacar dos monedas... ¿a quiénes irán a pedirle "ayuda humanitaria"?
No llores por mí, propietario
De acuerdo a un mapa elaborado por ARBA, la incidencia diferencial del impuesto podría verse en el siguiente detalle, en el que se señala primero el partido al que se refiere, la característica productiva de la zona, el tamaño de la propiedad y el impuesto por hectárea antes y después de la reforma:
- Gonzales Chaves (agrícola Sur): 212 hectáreas. Impuesto actual 32 pesos, pasa a 45 pesos (13 pesos de aumento, 40 por ciento).
- Bahía Blanca (Sudoeste): 99 hectáreas. Impuesto actual 13 pesos, pasa a 18 (5 pesos de aumento, 38,5 por ciento).
- Chivilcoy (Oeste): 30 hectáreas. Actual 103 pesos, pasa a 114 (11 pesos, 10,7 por ciento).
- Exaltación de la Cruz (agrícola Norte, núcleo): 21 hectáreas. Actual 151 pesos, pasa a 150 (baja un peso).
- Junín (agrícola Norte, núcleo): 36 hectáreas. Actual 122 pesos, pasa a 128 (sube 6 pesos, 5 por ciento).
- Lincoln (Oeste): 73 hectáreas. Actual 64 pesos, pasa a 79 (15 pesos, 23 por ciento).
- Navarro (Este): 62 hectáreas. Actual 35 pesos, sube a 41 (6 pesos, 17 por ciento).
- Necochea (agrícola Sur): 128 hectáreas. Actual 65 pesos, pasa a 59 (baja 6 pesos).
- Pergamino (agrícola Norte, núcleo): 38 hectáreas. Actual 150, pasa a 225 (sube 75 pesos, 50 por ciento).
El titular de ARBA, Martín Di Bella, explicó que “los cambios impositivos significan un avance en términos de equidad y justicia tributaria porque focalizan la carga fiscal en los sectores de mayor poder contributivo”. Además, consideró que “con las nuevas valuaciones se sincera el valor fiscal de los campos, y eso es indispensable para que el impuesto tenga un carácter verdaderamente equitativo y progresivo”. Recordó que “los campos del Sudoeste y aquellas tierras en situación de sequía o inundación en cualquier lugar del territorio bonaerense mantendrán los beneficios impositivos previstos en la Ley de Emergencia Agropecuaria”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/195536-59235-2012-06-03.html
COMENTARIO del Plumudo: Habrá más de un gringo que debe querer pegarse un tiro en las boleadoras por no votar la 125 !!!! y zas se acabó!!!!! Falta que salgan a hacer un cacerolazo gritando: ¡¡¡QUE INJUSTA Y DESIGUAL ES LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA EN ESTE PAÍS... EN EE.UU ESTAS COSAS NO PASAN!!!!
Dejo mi saludo ritual como un apretón de manos o un "Ave María Purísima", Firme y Digno, Bocha... el sociólogo.
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