Los trabajadores se hacinaban en trailers y galpones de chapa.
Imagen: Daniel Dabove
Ante la denuncia de la Municipalidad de Ramallo, la Justicia detectó a trabajadores que vivían en trailers saturados de cuchetas, sin baños, luz ni refrigeración para los alimentos. Si querían regresar, tenían que pagar 600 pesos.
Como cárceles clandestinas que se van abriendo, de los campos del norte bonaerense siguen aflorando casos de trabajadores santiagueños sometidos a condiciones infrahumanas. Esta vez la parada fue en Ramalllo, en el kilómetro 195 de la Ruta 9. Dos campos de la empresa Status Ager SA albergaban cerca de 150 personas, entre las que había al menos nueve menores, abocados a la desfloración de maíz bajo un notorio marco de insalubridad. El caso está en manos de la Justicia Federal, que actúa en coordinación con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia. La fiscal que entiende en la causa indicó que si no hay trata de personas, “por los menos hay aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad”. Como abogado de la empresa investigada se presentó el ex fiscal federal e interventor de la provincia de Santiago del Estero, Pablo Lanusse.
Luego de una denuncia realizada por la Municipalidad de Ramallo, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó el allanamiento de la estancia Santa Celestina, en el marco de una causa por presunta trata de personas, según la Ley 26.364. La fiscal federal de San Nicolás, Paula Moretti, encabezó los operativos en la mencionada finca y en otra que se encuentra enfrente, ambas pertenecientes a la misma firma. La Gendarmería y un equipo de la Oficina de Rescate actuaron en los relevamientos de los trabajadores.
El marco en el que se trabajaba en estas dos estancias era similar al de los campos explotados por Nidera y Suthern Seeds Production, allanados el 30 de diciembre y el 4 de enero últimos. En este caso, según constató este diario, los campesinos, que llegaron entre el 11 y el 22 de diciembre, vivían en trailers o galpones de chapa, saturados de camas cuchetas. El grado de hacinamiento estaba a la vista. No contaban con agua potable ni baños, hasta hace unos tres o cinco días, según el grupo. Esto se debió a la preocupación patronal por los allanamientos que se venían realizando en la zona. Tampoco tenían luz ni lugar donde mantener los alimentos frescos. En diálogo con Página/12, Reynaldo, un campesino, resumió el pasar de estos trabajadores: “Estamos en muy malas condiciones. La carne que nos dan es mala, los fideos estaban vencidos. Varios se descompusieron y nunca vino un médico”.
Con la posibilidad de recibir un inminente allanamiento, los empleadores no sólo decidieron instalar sanitarios, sino que además quemaron los bidones de glifosato, utilizados por las cuadrillas para cargar agua y lavar sus ropas y alimentos. Lo que podía haber sido un acto de humanidad, ya que esos envases están prohibidos para uso corriente, resultó un negocio más para la empresa: para reemplazar los recipientes, los jornaleros “tuvieron que comprar dos palanganas a 20 pesos cada una, que eran descontados del sueldo”, contó indignada la fiscal a este diario.
Privados de moverse fuera del establecimiento rural, los campesinos caminaban cinco kilómetros a escondidas para ir a cargar sus celulares a un almacén del paraje El Paraíso. Claudio, un joven santiagueño, manifestó que quería irse de la estancia. Pero como esa decisión tenía un costo le era imposible. Si alguno quería regresar a su provincia y abandonar la tarea debía pagar 600 pesos a los dueños de la firma. “No me quedaba otra. Me quería ir, pero de dónde voy a sacar 600 pesos. Te acostumbrás a esto”, dijo con una sonrisa triste.
En ese sentido, la fiscal Moretti sostuvo que “los jornaleros tienen claro que están superexplotados”. “Imagínese cómo estaban que uno me dijo: ‘Gracias por prestarnos un poco de atención’”, compartió la funcionaria judicial. Teniendo en cuenta lo observado y los relatos de los empleados rurales, Moretti aseguró que “por lo menos hay aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad”. Por ejemplo, indicó que “un proveedor pasaba a ofrecerles los elementos de trabajo” que debería entregar la empresa, como zapatos, pilotos y guantes. También, “les dieron una sidra cada dos personas para Año Nuevo, pero no sabían si se las iban a descontar”.
“Ganan mucho los dueños, aunque sea nos tienen que dar la ropa para trabajar”, consideró Ricardo, uno de los jornaleros. Santiago, un poco más grande y con más años en estas tareas, afirmó: “A veces (en otras fincas) estamos peor que acá todavía”. Un poco más suelto en la charla, recordó junto a sus compañeros una anécdota: “Cuando estábamos comiendo, pasó el ingeniero en la camioneta y nos tiró la tierra encima. No tienen que tratarnos así. Venimos a buscar un trabajo. Esto no es humano”.
Durante el operativo que realizó durante la mañana el juez Villafuerte Ruzo, se hizo presente el ex fiscal federal Pablo Lanusse, quien se presentó como abogado de Status Ager SA. Según informaron fuentes que presenciaron el encuentro, ambos dialogaron afablemente, recordando las viejas épocas en que trabajaban en el Poder Judicial. Lanusse es primo de uno de los dueños de la firma investigada y sostuvo en declaraciones a la prensa que desde hace varios años trabaja para ellos. En una inédita situación, mientras los trabajadores eran auditados por la fiscalía y personal de Justicia, los empleadores y el abogado circulaban por la zona sin ningún impedimento. Todavía no contaban con orden de detención para declarar, que sería realizada a primera hora de hoy por parte de la fiscal.
En conversación con personal judicial, los jornaleros explicaron que en Santiago del Estero les prometieron una paga de 2700 pesos por hectárea desflorada y llegados a Buenos Aires el sueldo por esa cantidad de trabajo se redujo a 1300, menos los descuentos por comida y otros elementos. A partir de la intervención de la Justicia, la empresa quería pagar 85 pesos por día trabajado y el gremio pedía 130. Hasta que no se concluya esa negociación y las personas vuelvan a Santiago del Estero con su plata en la mano, permanecerán en la finca con custodia de la Gendarmería. También esta fuerza escoltará el micro que los lleve de regreso a su provincia. En tanto, los nueve menores encontrados permanecerán asistidos por personal especializado del Ministerio de Justicia.
Las personas que trabajan por estos días en los campos de la zona norte bonaerense tienen como probable destino el sur provincial, para continuar con la desfloración de maíz. Ese destino quedó trunco para los grupos rescatados. Aliviado, Santiago lo confirmó: “En estos días nos iban a llevar a Tandil. Ahora nos volvemos para nuestras casas”.
Informe: Leonardo Rossi.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-160094-2011-01-08.html
Saludos rituales, Bocha.
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