Justicia para todos
Los jueces gozan de privilegios vedados para el resto de los ciudadanos: no pagan ganancias y pueden permanecer eternamente en el cargo. Para la Presidenta, este resabio del menemismo es “una deuda de la democracia”. Un tema que genera polémicas.
Hubo un tiempo en que una patente celeste y blanca era símbolo de prestigio. Quien veía un vehículo con esa chapa sabía que allí viajaba un magistrado de la Nación. Marca de status, el juez podía dejar el auto en sitios prohibidos y gozaba de un derecho curioso: no pagar el tributo correspondiente a la patente, como lo hace todo ciudadano que está al día con sus impuestos. Se sabe, a lo largo de la historia, los jueces gozaron de un sinfín de privilegios. Si bien éstos se fueron depurando con el tiempo –por caso, la chapa judicial dejó de existir–, otros beneficios sobrevivieron. Son, justamente, estos resabios diferenciales los que son puestos en cuestión por un sector político que impulsa una democratización judicial de forma integral.
Para el titular de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Félix Crous, un claro ejemplo de los beneficios que aún usufructúan en tribunales es “la exención del pago del Impuesto a las Ganancias. Se trata de un privilegio sin justificación”, remarcó uno de los firmantes de la solicitada que un sector de la Justicia difundió el 11 de diciembre pasado para diferenciarse del sector conservador del Poder Judicial, que había emitido un documento previo de claro tinte corporativo.
Vale recordar que la exención del Impuesto a las Ganancias se gestó a partir de una lectura peculiar de la Corte Suprema de Justicia menemista liderada por Julio Nazareno. A través de una acordada, en 1996 el máximo tribunal del país consideró que el tributo afectaba “la intangibilidad de salario”, un concepto explicitado en la Constitución Nacional cuyo fin es resguardar el salario de los jueces de las presiones del poder político. Luego, la Corte extendió el beneficio a todo el poder judicial. Según publicó el diario Página12 un lustro atrás, por estar eximidos de ganancias, en el 2006 “el privilegio para jueces, fiscales y demás miembros de la Justicia fue estimado por el Ministerio de Economía en 100 millones de pesos”.
En los últimos años no faltaron los legisladores nacionales que intentaron a través de diferentes proyectos de ley anular este privilegio. Acaso, el momento de mayor tensión entre los poderes del Estado se dio cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió ante la Asamblea Legislativa, en el 2007, que los jueces pagaran ganancias: “Es una de las deudas de la democracia”, sostuvo. En el 2008, los entonces diputados del Frente para la Victoria Ariel Pasini, Carlos Kunkel, Diana Conti y Héctor Recalde, entre otros, se hicieron eco de las palabras de la mandataria y presentaron una iniciativa que no prosperó en el recinto. Hoy, otros legisladores del mismo extracto político vuelven a pedir por el fin de este beneficio. Fue el caso del jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien aseguró el 3 de enero pasado en una entrevista: “Que los jueces paguen Ganancias es de estricta justicia”.
Fuentes de la bancada K en la cámara Baja aseguraron a esta revista que el Gobierno “está pensando en medidas vinculadas al tema para tratar en el 2013”, aunque estiman que lograrlas “es sumamente difícil ya que es necesario cambiar las Constitución. Cómo se administra la Justicia está explicitado en la Carta Magna”, aseguraron.
“Cuando se habla del Impuesto a las Ganancias, el acento no está puesto en el dinero sino en eliminar los privilegios –afirmó a Veintitrés el juez Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 de La Plata–. Estamos viviendo un momento muy importante porque se están modificando estereotipos y prejuicios centenarios del Poder Judicial”, dijo quien también firmó la solicitada del 11 de diciembre.
Otro de los privilegios que se sostuvieron en el tiempo es el que se conoce como “Inamovilidad en el cargo”. Por este “derecho”, los magistrados y fiscales ostentan sus cargos mientras dure su buena conducta ya que sólo pueden ser removidos a través de un juicio político.
Por este motivo, la jubilación de los magistrados se prestó a polémica. Según la Constitución Nacional reformada en 1994, esa inamovilidad caduca cuando el magistrado supera los 75 años de edad, ya que está en edad de jubilarse. Dice el punto cuarto del artículo 99 de la Carta Magna, que se refiere a las atribuciones del Poder Ejecutivo: “(…) Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo (N del R: en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado), será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”. Pero esta limitación es cuestionada por los jueces y no se aplica por una resolución que firmó la propia Corte. Por ejemplo, hoy en día, el ministro cortesano Carlos Fayt supera los 90 años de edad.
Por este tema, el diputado kirchnerista Carlos Kunkel realizó una presentación en el 2010 ante el Consejo de la Magistratura advirtiendo que había al menos quince jueces con más de 75 años que no se jubilaban. En sintonía con su ex compañero de bloque, el ex diputado Alejando Rossi –hermano de Agustín– presentó en aquel año un proyecto para reformar el consejo donde propuso evaluar a los jueces cada cuatro años para corroborarlos en sus cargos –fue uno de las pocas iniciativas sobre el tema que fue debatida en el recinto–. Entonces, en medio de la polémica, el ex presidente de la Asociación de Magistrados, el camarista Ricardo Recondo –hoy consejero y acusado por el kirchnerismo de connivencia con el Grupo Clarín en el marco de la Ley de Medios– afirmó: “Los jueces somos los que más exámenes damos: frente a la sociedad, frente a las instancias superiores y frente a la prensa. Esto es otro intento por perseguir a la Justicia”.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, como era de esperar, también se refirió al tema: “La sentencia está controlada, mucho más que los actos de otros poderes del Estado. Nadie ve la necesidad de tomar exámenes. Si un juez tiene muchas sentencias malas, se lo puede echar”, afirmó en el 2010. Claro, los abusos de las cautelares en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual recién comenzaban.
Para Félix Crous, “los jueces deben durar en sus cargos más tiempo que el resto de los miembros de los otros poderes para no estar atados a la suerte de los gobiernos. Pero todos deben estar sometidos a la revisión de sus aptitudes. Lo vitalicio es monárquico”, esgrimió.
Rozanski, que conoce al poder judicial desde sus entrañas ya que hace veintiún años que ejerce la magistratura, lo define como “una corporación conservadora que ha sido cómplice de hechos aberrantes durante la última dictadura militar. Al día de la fecha deben existir sectores que todavía piensan de esa manera”. El magistrado explicó que “la Justicia también avaló el proyecto económico del terrorismo de Estado. Ese vínculo explica la relación de una parte de la Justicia actual con algunos sectores económicos”.
En este contexto, la ex diputada Diana Conti propuso el voto popular como método de selección de jueces. El poco eco que la iniciativa tuvo en el Congreso lo compensó en repercusiones. Por caso, el ministro de la Corte Raúl Zaffaroni lo consideró “una locura” ya que promueve “la demagogia judicial”. Según el jurista ampliamente reconocido a nivel internacional, los jueces podrían llegar al extremo de hacer campaña con sus fallos. Por ejemplo, exagerar condenas para seducir a algunos votantes.
“La elección de los jueces, por lo menos en las instancias más altas, es un tema a conversar –advirtió Rozanski a Veintitrés–. Si la elección no es directa pues que sea indirecta –sostuvo–. En todos los casos hay que tener un perfil de juez: aquel que marca la Constitución cuando habla de la defensa de los derechos de las personas vulnerables. Hay que privilegiar a un magistrado por su nivel de sensibilidad y no por si habla alemán o latín.”
Los más críticos también consideran un privilegio que los magistrados se jubilen con el 82 por ciento móvil de su sueldo, ya que no sufrieron el cercenamiento de su jubilación como el resto de la población. Pero acaso, lo que más irrita a un sector político es que no se conocen las declaraciones juradas de muchos magistrados.
La forma de ingreso al Poder Judicial también es otro foco de polémica. De acuerdo al fiscal Crous: “Hay que democratizar el ingreso de los empleados judiciales. En la actualidad, el sistema reproduce las propias características que tienen los jueces que están en un momento histórico determinado. Se ven linajes enteros, tres generaciones de apellidos de magistrados. Lo que sucede en la cámara de Casación es paradigmático: las chapitas en las puertas de los despachos grafican una especie de collage del nepotismo judicial”. La única excepción, remarcó el fiscal, es el fuero laboral que es el más “proletarizado”.
Otra particularidad del Poder Judicial es que funciona como un ente autárquico y maneja sus propios salarios. En este punto también se produjo una fuerte controversia a partir de la presentación de un proyecto de ley del diputado Kunkel. En el 2009 propuso que el presupuesto del Poder Judicial pase de la órbita de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura. Para ello citó el artículo 114 de la Constitución Nacional donde se explicita que el consejo será el encargado de “administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia” con excepción de la corte. La controversia política se basa en que según el artículo 5º de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto (Ley 11.672), la administración del presupuesto judicial recaerá en el presidente del máximo tribunal de Justicia. Una fuente del Consejo de la Magistratura aseguró ante esta revista: “Una forma de democratizar la Justicia sería cambiar esa situación. En la actualidad, la creación de un cargo judicial o los aumentos presupuestarios deben tener la firma de Ricardo Lorenzetti. Como el poder judicial se maneja verticalmente, no es democrático”, criticó.
Otro aspecto del debate es la implementación de los Juicios por Jurado que está contemplada en la Carta Magna, pero que nunca se concretó. Por caso, hubo dos proyectos sobre el tema, uno presentado en el 2004 y otro en el 2006 que no prosperaron en el Congreso. No obstante, en el 2012 se realizaron importantes avances en la provincia de Buenos Aires: en diciembre del año pasado, la cámara de Diputados provincial aprobó los modalidad de los Juicios por Jurados para delitos cuya pena exceda los 15 años de prisión. De acuerdo con la ley, el jurado estará compuesto por 12 ciudadanos que serán elegidos por sorteo del padrón electoral. Para declarar la culpabilidad del imputado deberán contar con un mínimo de diez votos afirmativos y necesitarán unanimidad para determinar la reclusión perpetua de un imputado – siempre, claro, que el delito que haya cometido estipule como sanción la pena máxima–.
En sintonía con este proceso, la Ciudad de Buenos Aires avanzó con premura en la institución de la Justicia Vecinal. Según adelantaron desde el Consejo de la Magistratura porteño a Veintitrés, en el 2013 se implementará una prueba piloto de los juicios vecinales en una comuna céntrica (se barajan Boedo o Caballito). A diferencia de los Juicios por Jurados, la modalidad vecinal tratará cuestiones menores como conflictos por ruidos molestos o problemas de medianeras y tiene como fin la descentralización judicial. Según se prevé, habrá un vecino con prestigio quien será el encargado de resolver el problema. La implementación de la Justicia Vecinal ya cuenta con un presupuesto estimado en el Consejo de la Magistratura local y sólo resta el aval de la Legislatura porteña para que comience a aplicarse.
Así las cosas, comienzan a barajarse alternativas al régimen de justicia tradicional. De acuerdo con el fiscal Crous “el Poder Judicial es el poder del Estado menos democrático. Es un poder que tiene una matriz colonial”. Para Rozanski, “democratizar la Justicia es una deuda histórica, la más importante que queda desde el terrorismo de Estado a hoy.” Por tal motivo, profundizar un debate sobre el tema se hace inevitable.
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Privilegios judiciales
- Exención del pago del impuesto a las ganancias. Fue aprobada en 1996 por una decisión peculiar de la Corte Suprema menemista. Se basa en la “intangibilidad del salario” de los jueces contemplada en la Constitución.
- Inamovilidad en los cargos. Los magistrados y fiscales ostentan sus cargos mientras dure su buena conducta. Sólo pueden ser removidos por un juicio político.
- Se jubilan con el 82 por ciento móvil de su sueldo. Los miembros del Poder Judicial no sufrieron el recorte de su jubilación como el resto de los ciudadanos.
- No se les demanda una declaración jurada. A diferencia de los integrantes de otros poderes del Estado, los jueces no suelen declarar su patrimonio.
Félix Crous, fiscal federal
“Los jueces deben durar en sus cargos más tiempo que el resto de los miembros de los otros poderes para no estar atados a la suerte de los gobiernos. Pero todos deben estar sometidos a la revisión de sus aptitudes. Lo vitalicio es monárquico”, esgrimió.
Carlos Rozanski, juez federal
“El Poder Judicial es una corporación conservadora que ha sido cómplice de hechos aberrantes durante la dictadura. Al día de la fecha deben existir sectores que todavía piensan de esa manera. La Justicia también avaló el proyecto económico del terrorismo de Estado. Ese vínculo explica la relación de una parte de la Justicia actual con algunos sectores económicos.”
Fuente: http://veintitres.infonews.com/nota-6062-politica-Justicia-para-todos.html
Dejo mi saludo ritual como un apretón de manos o un "Ave María Purísima", Firme y Digno, Bocha... el sociólogo.
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