Basta es decir basta

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Arq. LILIANA BINA
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El Gobierno prohibió hacer fotografías en el interior del edificio

Pese a las numerosas solicitudes de este diario,no permitió el ingreso de fotógrafos que pudieran mostrar el estado en que se encuentra la sede gubernamental.

• 02/01/2011 00:01 , por Redacción LAVOZ
  La Casa de Gobierno. Sólo puede ser fotografiada desde lejos.
  

En una medida que no conoce antecedentes, el Gobierno provincial decidió prohibir en las últimas semanas el ingreso de este diario para tomar testimonios fotográficos de los días finales de la Casa de Gobierno. Las autoridades rechazaron todos los pedidos realizados por este diario para reflejar gráficamente los últimos días de funcionamiento de la Casa de las Tejas tal como funcionó hasta que se conservó íntegra. Una decisión de esta naturaleza, tan restrictiva hacia la prensa en el interior del principal edificio gubernamental, no se tomó siquiera durante el Proceso Militar.

El pasado jueves, luego de las diversas negativas para acceder al interior de la Casa de las Tejas, el fotógrafo de este diario que se llegó a realizar unas fotografías exteriores del edificio, debió hacerlas detrás del vallado ubicado sobre bulevar Chacabuco, que habitualmente se usa para impedir que las manifestaciones lleguen hasta el ingreso del edificio. Los policías recibieron órdenes de no dejarlo acercar más.

La actitud oficial hacia los informes que este diario quiso realizar sobre el traslado y demolición de la Casa de Gobierno quedó todavía más en evidencia el pasado miércoles por la tarde. Luego de que La Voz del Interior realizara insistentes llamados a altos funcionarios y a diversos encargados de prensa para tratar de conocer el costo que tendrán esos operativos para los cordobeses, el Gobierno emitió a través de la Dirección de Prensa un comunicado dirigido a todos los medios de la provincia, con la información que este diario venía solicitando, sin éxito, hacía varios días.

Dos minutos antes de las 21 del miércoles, el Gobierno decidió dar a todos los medios, camuflada entre las numerosas gacetillas que envía a diario, la información del costo total de los alquileres de los edificios (ver página 2), que hasta ese momento guardaba en secreto y se negaba a proporcionar. Fue un intento de restar impacto periodístico al informe que sabía que estaba preparando este diario. El silencio oficial continuó hasta la noche del jueves, cuando el secretario General de la Gobernación Ricardo Sosa accedió a responder, pero sólo a través de un cuestionario enviado por e-mail .

Contra la demolición. El pasado jueves, los centros de jubilados Luz de Esperanza y Ajupracor presentaron sendos amparos contra la demolición, ante el juzgado de 21ª Nominación Civil y Comercial, con el patrocinio del abogado Hugo Torossián. Su argumento es: “Dado que el destino original de la Casa de las Tejas fue el de funcionar como Hogar de Ancianos, debe ser asignado a su destino original, considerando la gravísima situación de los adultos mayores en situación de calle en nuestra provincia”.

Los amparos fueron enviados al juez de 19ª Nominación, Marcelo Villarragut, por ser quien entendió antes en otro amparo contra la demolición, que ya fue rechazado. “Este juez se excusó de decidir sobre el asunto por no tener tiempo material para hacerlo, ya que a las 13, Tribunales cerraba el año laboral y comenzaba la feria”, señaló Torossián. “No había voluntad de expedirse”.

Además de los jubilados, hasta el fin de esta semana se sucedieron las reuniones de grupos de arquitectos y tradicionales políticos peronistas interesados en evitar el derrumbe de la Casa de las Tejas. Una de las reuniones políticas para “mantener un legado material que dejó la compañera Evita” tenía por escenario la localidad de San Roque.

Una de las principales oposiciones a la demolición viene de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. En su reunión del pasado 27 de noviembre, alertó con urgencia sobre el proyecto de construir un complejo edilicio en la manzana del Banco de Córdoba y también expresó su “preocupación institucional por el eventual riesgo de la Casa de Gobierno, derivado de la prolongación de la avenida Chacabuco”. Las relaciones entre el Gobierno cordobés y la Comisión están resentidas porque el proyecto del Banco pondría en riesgo la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Manzana Jesuítica.